Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C.

“Acceso abierto” a las publicaciones científicas, derechos humanos y descolonización de la antropología latinoamericana

In Uncategorized on octubre 9, 2016 at 5:29 PM

Por Esteban Krotz

(Universidad Autónoma de Yucatán/Universidad autónoma Metropolitana-Iztapalapa)

Desde hace década y media se está gestando un movimiento de alcance mundial que se extiende y se robustece cada vez más: la exigencia del “acceso abierto” de cualquier persona a todas las publicaciones científicas existentes – sin trámites, sin registros, sin costo, sin tener que entregar datos personales a cambio. Tal exigencia cuenta con toda una gama de estrategias ideadas por diferentes actores sociales y es apoyada por cada vez más instituciones académicas en todo el mundo, aunque también hay resistencias importantes.

Es obvio que se trata de un movimiento destinado a transformar profundamente las prácticas actuales de distribución y uso, pero también de generación y validación de trabajos científicos y, desde luego, también de versiones de ellos preparadas para la divulgación más general en la sociedad; igualmente afectará, se espera, el acceso más amplio a otros productos de la ciencia y el sistema mundial de patentes.

El vertiginoso avance de la digitalización de textos, imágenes y sonidos y el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles con acceso al Internet, permitiría que más y más personas puedan enterarse fácil y rápidamente de los últimos adelantos en cualquier campo del conocimiento. Así, una pareja a punto de decidir sobre la forma en que nacerá su bebé, ya no tendría que depender únicamente de la opinión de un solo médico, sino que podría examinar varias alternativas. Una ONG interesada en promover formas cooperativas de organización del trabajo en vez de competitivas, no estaría limitada al conocimiento más bien teórico sobre tales organizaciones, sino que podría comparar estudios antropológicos provenientes de diferentes partes del mundo y realizados bajo condiciones diversas. Un movimiento surgido para proteger a la población de los mal llamados “daños colaterales” de una nueva tecnología agrícola o energética podría informarse de los efectos a corto y mediano plazo constatados por especialistas reconocidos, en vez de tener que barajar informaciones periodísticas dudosas y boletines de las empresas vendedoras de tales tecnologías. Un grupo de defensa de los derechos humanos podría revisar determinados procedimientos llevados al cabo en circunstancias semejantes en otras partes, en vez de tener que inventarse desde cero su modelo de operación. Un equipo de investigación académico podría escoger el software más adecuado para los fines de su pesquisa particular en vez de tener que usar lo que alguna instancia administrativa compró para toda la universidad.[1] El dueño de un pequeño huerto detrás de su casa podría experimentar con la siembra de diferentes plantas a partir de la revisión de recientes experimentos realizados en otros lugares…

O sea, habría acceso general y gratuito a información científicamente generada, validada y explicada por los mejores especialistas en sus respectivos campos.

¿Con qué argumentos se puede exigir esta situación, e incluso considerarla derecho humano?

Esta exigencia puede apoyarse bien en el primer inciso del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.”[2] Una precondición para ello es, sin embargo, que las personas tengan–por ejemplo, a través del sistema escolar– nociones básicas en los diferentes campos del saber para poder entender textos científicos en su versión original (hecha usualmente para científicos) o en su versión divulgativa. Lamentablemente, es fácil de constatar que el sistema educativo no está cumpliendo con esta función, por lo que incluso entre la/os estudiantes de nuevo ingreso a la universidad suele haber personas no capacitadas para leer, resumir, analizar y comparar textos de varias páginas de extensión ni para poder operar los mecanismos electrónicos adecuados para recopilar información seria o para resolver dudas.[3]

Otra línea argumentativa es la que se opone al control de los conocimientos por quienes los han generado. Tal posición se basa en el hecho de que la ciencia es un proceso colectivo, donde cualquier resultado es fruto del esfuerzo de muchas generaciones de científicos en muchos lugares e instituciones. Es cierto que el inciso 2 del citado artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” Pero tal protección no debe anular el derecho al cual hace referencia el inciso primero. Mucho menos puede entenderse como cheque en blanco para que individuos y empresas lucren, por ejemplo, mediante la invocación del derecho de autor o a través del sistema de patentes, con información benéfica para otros seres humanos, limitando el acceso a terapias, medios de aprendizaje, protección legal etc. a los estratos sociales que pueden pagar un precio por ello.

Una tercera línea argumentativa ha ganado mucha fuerza desde hace cuatro años. En 2012 el director de la biblioteca de la prestigiada Universidad de Harvard acusó a varias de las principales empresas editoriales de habla inglesa, de lucrar de modo extremo con la información científica.[4] Su crítica y su consiguiente propuesta de que los científicos deberían publicar los resultados de sus estudios mediante canales de “acceso abierto”[5] han encontrado mucho eco en muchas partes del mundo. Recientemente, la Unión Europea ha formulado una convocatoria en este mismo sentido. En México contamos con el señero programa UNAM en Línea, “un programa permanente de la Universidad a través del cual se propone dar plenas condiciones de acceso tanto al conocimiento generado por la institución, como a sus acervos culturales y servicios.”[6]

En toda América Latina, donde la abrumadora mayoría de la investigación científica se está realizando en universidades y centros de investigación públicos, esta exigencia se fundamenta también en el hecho de que la infraestructura y los salarios del personal universitario están siendo pagados por la ciudadanía, por lo que no se le debería cobrar de nuevo para tener acceso a lo producido por estas instituciones de investigación. Paradójicamente, esta situación puede contribuir a ahondar la brecha Norte-Sur, pues mientras que almacenes[7] latinoamericanos de revistas como Scielo y Redalyc permiten a todo el mundo acceder a casi todas las revistas científicas importantes del subcontinente latinoamericano, sus investigadores y tesistas tienen que pagar varias decenas de US-dólares por un solo artículo publicado en revistas académicas norteamericanas.

No puede dejarse de mencionar en este contexto las alarmantes declaraciones del premio Nóbel de biología de 2013, Randy Shekman, quien acusó en su discurso de recepción a revistas tan apreciadas por el establishment académico de muchos países así como por sus burocracias “evaluadoras”, como Nature y Science, de orientar sus publicaciones más por criterios destinados a lograr “alto impacto” que por criterios realmente científicos.[8]

Desde luego hay todavía muchos problemas que resolver para que haya el libre acceso de todos los habitantes del planeta a la información sobre el progreso en las ciencias de la naturaleza y de la sociedad. Uno de ellos es la operación de las máquinas de búsqueda, cuyos principios de funcionamiento distan de ser transparentes;[9] la organización, sistematización y presentación de la información científica por parte de las instituciones que la generan, es otro problema importante.[10]

Uno de los muchos efectos probablemente más visibles y saludables sería la desaparición de numerosos sitios actuales en la www, donde se producen y se reproducen informaciones incompletas, mal copiadas o plagiadas, deficientemente redactadas, a veces mal comprendidas o erróneas e incluso intencionalmente falsificadas. Además, los periódicos y las estaciones de radio y televisión tendrían que tener reporteros, locutores y comentaristas bien preparados, porque contarían con públicos con elevados niveles de conocimiento y con acceso inmediato a la información científica más reciente. Algo semejante podría esperarse también para la docencia en todos sus niveles.

Por ello parece tener razón el citado director de la biblioteca de Harvard cuando afirmó, unos años antes de su iniciativa relatada, con motivo de la inauguración del congreso conmemorativo de los 75 años de vida del Fondo de Cultura Económica: “Digitalizar y democratizar no es una fórmula fácil, pero es la única que va a funcionar si realmente queremos realizar el ideal de una república de las letras y no considerar esto únicamente una utopía sin esperanza”.[11]

Es en este contexto que se ha comentado la posibilidad de crear un almacén latinoamericano de textos antropológicos, tanto de libros y capítulos, como de reportes y documentos preliminares de discusión, y también de revistas que por una razón u otra no han sido incluidas en los sitios arriba mencionados; incluso se podría pensar en incluir información sobre investigaciones en curso, colecciones de imágenes, presentaciones electrónicas y videos. Hay antropóloga/os quienes han estado exponiendo en blogs personales este tipo de materiales propios y ajenos. También existen algunas asociaciones e instituciones académicas que cuentan con este tipo de iniciativas, pero no suelen tener mucha constancia y frecuentemente tales sitios electrónicos son abandonados por sus creadores después de un tiempo relativamente corto. Otra/os antropóloga/os han publicado este tipo de materiales a través de sistemas como Facebook u otros más especializados, tales como academia.edu y ResearchGate, probablemente sin darse cuenta de entregar de esta manera de modo irreversible informaciones, resultados de trabajo y derechos sobre éstos últimos a empresas privadas sometidas, a fin de cuentas, a la “lógica” del mercado.[12]

Tanto Scielo como Redalyc podrían convertirse en almacenes (“repositorios”) de este tipo de materiales, al igual que la estupenda biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)[13]. Sin embargo, en estos tres casos tendría que establecerse un mecanismo transparente y participativo de control y acompañamiento democráticos de parte de la comunidad antropológica latinoamericana sobre su organización, sus principios de funcionamiento y su operación.

¿Podría la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) crear y operar un proyecto de este tipo?

Por una parte, esta actividad podría ser un pilar importante para la Asociación Latinoamericana de Antropología, complementando así la organización de congresos periódicos y la conformación de sus –aún emergentes– grupos de trabajo temáticos y regionales, pues sería un importante mecanismo para incrementar el contacto y el apoyo mutuo de las antropologías latinoamericanos y de sus académicos, profesionales y estudiantes, amén de contribuir a la descolonización todavía pendiente de nuestra disciplina como una auténtica “antropología del Sur”. Por otra parte es obvio que sería una tarea enorme, que tendría que garantizarse desde su inicio en cuanto a su continuidad y que tendría un costo en cuanto a infraestructura y personal calificado, tanto si se realizara en el marco de una de las instancias ya existentes mencionadas como si se construyese de manera independiente.

Pero ¿no sería el actual y lento proceso de consolidación paulatina de la Asociación Latinoamericana de Antropología un excelente momento para ocuparse de este tema y de las posibilidades de un repositorio de este tipo, independiente o en cooperación con una de las instancias arriba mencionadas? Tanto el próximo IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología en Querétaro como el V Congreso Latinoamericano de Antropología en Bogotá en junio de 2017 podrían ser buenas oportunidades para discutir este reto.

 

 

[1] Ver, para el tema de la docencia en este contexto, E. Krotz, “Ciberespacio, ciudadanía, capitalismo académico: cotidianidad estudiantil y enseñanza de la antropología”, pp. 17-24. En: Anales de Antropología, v. 46, 2012, pp. 13-36.

[2] Ver, por ejemplo, la traducción oficial de la ONU.

[3] En términos más amplios e incluso considerando las actuales transformaciones del sistema de educación superior y de educación básica, habría que volver a considerar aquí la conocida y todavía muy vigente crítica de Paolo Freire a la “educación bancaria”, destinada a transferir contenidos a los educandos en vez de ayudarles a tomar conciencia de su situación (Paulo Freire, Pedagogía del oprimido,  pp. 69-96, Siglo Veintiuno, México, 1977, 16ª ed.).

[4] Ver la información periodística publicada en el periódico inglés The Guardian el 12 de abril de 2012.

[5] Una lista de las revistas científicas electrónicas de acceso abierto es el Directory of Open Access Journals (DOAJ); URL: <https://doaj.org/&gt;.

[6] Ver el portal-e del programa: <http://www.unamenlinea.unam.mx/acerca>.

[7] Se usa aquí “almacén” en vez del vocablo “banco”, el cual suele estar cargado de connotaciones indeseadas.

[8] Ver la nota periodística en La Jornada del 10 de diciembre de 2013.

[9] Por ello se afirma al final de una larga conversación entre Julian Assange y Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maghuhn y Jérémie Zimmermann que “necesitamos un software … que todo el mundo pueda estudiar y codificar, para poder entenderlo de verdad y asegurarse de que realmente hace aquello que el usuario desea que haga. Software libre, hardware libre y abierto” (J. Assange y otros, Cypherpunks: la libertad y el futuro de internet, p. 212, Planeta Mexicana, México, 2013.

[10] En este sentido habría que considerar cómo hacer más accesible, actualizar y transformar el actual monitoreo de las ciencias antropológicas mexicanas, iniciado hace treinta años por La antropología en México: panorama histórico (Carlos García Mora, ed., 15 vols., Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1987-1988), que recientemente ha sido re-publicada en forma de disco óptico, y seguido por el anuario Inventario Antropológico (vol. 1, 1995), actualmente patrocinado por la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos (RedMIFA).

[11] Véase la nota publicada el 8 de septiembre de 2009 en La Jornada.

[12] Debo a Luis Reygadas la información acerca a la reciente denuncia hecha en España sobre el caso de academia.edu, que se encuentra citado en su excelente estudio sobre el tema: “La biblioteca de Babel: dilemas del conocimiento como bien común en América Latina”. En esto contexto vale la pena recordar que ha habido propuestas –que obviamente no han prosperado aún– para que éste y otros tipos de repositorios documentales y, elemento sumamente importante, las máquinas de búsqueda correspondientes fueran operadas por la UNESCO u otra instancia mundial pública semejante.

[13] Para una reseña puede verse E. Krotz, “La biblioteca virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales”, en: Sur de México, vol. 1, 2011, n. 2, pp. 83-84.

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